El pasado 3 de Marzo José Manuel Martín Medem participó en la segunda tertulia del Club Lisboa para explicar la situación de los medios de comunicación en España y Latinoamérica. Defendió una visión profundamente crítica acerca de los intereses ocultos de los medios de comunicación y la connivencia de los poderes públicos hacia los grupos privados.
Su diagnóstico sobre el panorama español fue poco alentador por varias razones. En primer lugar, porque de acuerdo con la Constitución de 1978, poseemos un modelo de comunicación conformado como un triángulo en cuyos vértices encontraríamos la comunicación como negocio, como servicio público y como servicio comunitario, el cual daría ocasión a la intervención de las iniciativas sociales, creando así un equilibrio entre los tres actores. Sin embargo, esta estructura establecida legalmente no se asemeja a la realidad, pues lo que sucede es que a lo largo de los últimos 25 años, el servicio público se ha reducido gradualmente, teniendo que rivalizar con la iniciativa privada, quien ha gozado de mayor impunidad y continúa expandiéndose, produciendo a su vez el bloqueo prácticamente absoluto del sector comunitario social.
Con la nueva Ley Audiovisual que se está debatiendo actualmente en el Parlamento esta situación se agrava, además de demostrar la pésima gestión legislativa que se ha ido haciendo desde la creación de la Constitución. Puesto que lo que va a producir dicha ley es la consolidación de las desigualdades que paulatinamente han surgido, beneficiando al sector comercial y en detrimento de lo público y lo comunitario. Como consecuencia, se impone la concesión de las licencias a través de los gobiernos de las comunidades autónomas, lo que supone la adjudicación de licencias a aquellos que compartan las mismas ideas políticas que quienes se encuentran en el poder económico de la correspondiente autonomía.
En segundo lugar, según la Constitución española, se reconoce el derecho de acceso a los grupos políticos y sociales significativos, cuyo acceso se regulará por ley. La realidad es que desde entonces hasta el presente, en los sucesivos gobiernos este derecho se paralizó ya que se decidió no aplicarlo. Dicha decisión fue ignorada por la sociedad española, quien desconocía la importancia de reivindicar el derecho de acceso, ya que desde ningún colectivo social ni político se ha formulado un planteamiento serio que lo defienda. Pero en 2009, con la creación de la ley de financiación de radio y televisión pública se instauró que el servicio público, aparte de eliminar la publicidad, tendría 12 horas semanales dedicadas a espacios para las organizaciones políticas y sociales, bajo la gestión del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sin embargo, curiosamente, este derecho permanece bloqueado, a pesar de que dentro de dicho Consejo participan por primera vez representantes de los sindicatos y de partidos políticos. Luego es incomprensible que a quienes les interesa disfrutar de esos espacios mediáticos otorgados por ley no intenten desbloquear este derecho.
En cuanto al panorama de los medios en Latinoamérica, Martín Medem comentó que habían heredado el modelo norteamericano, en el que hay uno o dos medios de comunicación predominantes, los cuales pasan de ser simples medios a convertirse prácticamente en grupos de oposición, como otro partido más en contra del gobierno. Por el contrario, en Argentina, donde el grupo Clarín es el más importante e influyente, se puso en marcha una ley que pretende limitar la actividad de los grandes grupos de comunicación a lo que Clarín ha reaccionado agresivamente con el pretexto de que se está atentando contra su libertad de empresa, como si se tratara de libertad de expresión, además de las sucesivas críticas por una actitud antiestadounidense o la inseguridad política procedente del ánimo de recuperar la gestión propia de los recursos naturales sin la intervención extranjera.
A esta voluntad de cambio se suman más países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. No obstante, y paradójicamente, se está dando el proceso inverso en Europa, empezando por España e Italia, donde se está produciendo un deterioro de la radio y televisión pública, convirtiendo la comunicación en un producto absolutamente comercial. Mientras que en América Latina se observa un intento por construir un servicio público, dando espacio a iniciativas que puedan competir con el sector privado bajo las directrices de una legislación que equipare los tres actores (el público, el privado y el comunitario).
Para José Manuel Martín Medem, “con la información sucede lo mismo que con el agua: la mayor parte de la información no se puede utilizar o no es potable, porque si se utiliza se puede convertir en un envenenamiento”. La conclusión es que es necesario un cambio de mirada y procesos de formación para que la ciudadanía pueda juzgar críticamente a los medios de comunicación.
